Las inmobiliarias se ven enfrentadas a diferentes situaciones que implican incomodar a los clientes, además de a sí mismas.
Partiendo de la idea que “la atención al clientes” tiene varias caras, en la mayoría de las veces, esa atención se percibe desde cada uno, agente inmobiliario y cliente, de diferente manera.
En la mayoría de los casos generando malos entendidos, de una y otra parte, sin embargo se debe entender como un acuerdo tácito que el agente inmobiliario tiene buenas intenciones, y que el cliente también, pero por situaciones que se crean, de coyuntura, las cosas no resultan de ese modo.
Desde el cliente, enfrentarse a una inmobiliaria presupone enfrentarse a un tipo de organización que cuenta con los medios para manipular su deseo de inversión y acaso asesorarlo de una forma que le conviene más a la inmobiliaria que a él mismo.
Desde el agente inmobiliario, el temor es estar ante alguien que no es cliente, o de no poder interpretar las necesidades del clientes, debido justamente a la reticencia con que algunos clientes enfrentan el asesoramiento.
Ambos casos se sobredimensionan dependiendo de las buenas o malas experiencias de cada uno y sobre todo, debido a la cantidad de casos que se leen en los diarios en donde uno u otro salen perjudicados.
Estadísticamente, en muchos sentidos, es mejor tratar con las inmobiliarias, esto es bastante aceptado y los inversionistas suelen corroborarlo.
Un nuevo problema ha surgido, pero esta vez, se da al revés. Se están generando nuevos procedimientos, esta vez para corroborar al cliente.
Hasta ahora, el cliente tenía la potestad de desconfiar de una que otra inmobiliaria y en lo posible quejarse de ella, por medios legales o por medios informales, pero es una práctica bastante común, que sin tener demasiadas pruebas, con una simple mala consideración de mala atención, un cliente echa por tierra el prestigio de una inmobiliaria sin que le tiemble el pulso y sin tener consideración de los muchos puestos de trabajo que significa una empresa, para muchos que son, a su vez, clientes de aquello que ofrecen: propiedades.
Entre los muchos y controvertidas normas que el gobierno nacional está implementando por estos días, apareció la figura de “sujeto obligado”. Implica que las inmobiliarias deberán recabar información de sus clientes, con la idea de tener certeza sobre sus ingresos.
La idea no es mala, de cierta manera, podría suponerse que protege a las inmobiliarias, sin embargo, la operatividad se ha tomado por parte de ambos que como otra excusa para el control del nivel de ingreso de los clientes.
A las entidades declaradas sujetos obligados, Bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, venta de vehículos y aseguradoras se le suman las inmobiliarias.
Bajo la suposición de evitar que las operatorias inmobiliarias se conviertan en negocios de lavado de dinero, los grupos de acción financiera internacionales impulsan y apoyan esta modalidad de negocios, declarando que con ella se evita mucho del dinero que se utiliza para el terrorismo de estado.
Desde la Inmobiliaria Mazzei Propiedades, se estima que la nueva operatoria no debería provocar mayores problemas, ya que cuenta con experiencia y ya tiene políticas de verificación y cuenta con clientes fieles a quienes conocen y con quienes los unen intereses comunes.
Como sea, de ahora en más las inmobiliarias están obligadas a controlar no sólo la identidad de sus clientes, sino también a conocer el origen de los fondos, entre otros aspectos, como el hecho de que el cliente no figure en listados internacionales por terrorismo o contrabando o delitos de cualquier tipo.
En otras palabras prácticamente se pide que las inmobiliarias realicen actividades de investigación policíaca.
Habrá que ver en qué influye esta operatoria en los futuros negocios inmobiliarios.
