Por el Lic. Aldo M. Abram, director ejecutivo del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina.
Recientemente, fueron las elecciones presidenciales en Honduras. Porfirio Lobos, candidato del Partido Nacional, ganó por más de 50%. Le sacó una diferencia mayor a 15 puntos porcentuales a quien representaba al Partido Liberal, que hoy ejerce el Poder Ejecutivo, en la persona de Roberto Micheletti y al que pertenecía el depuesto Manuel Zelaya. También, se conoció la noticia de que el Congreso de la Nación, por abrumadora mayoría, descartó la posibilidad de que este último volviera a la presidencia por el período que falta para que termine su mandato. La pregunta es qué estamos haciendo el resto del mundo para darle, al pueblo hondureño, una oportunidad de volver a la senda democrática.
En este marco, EE.UU. y la U.E. declararon que reconocerán al gobierno electo cuando asuma su gestión. En tanto, la Argentina, Brasil y las naciones latinoamericanas con gobiernos bolivarianos parecen renuentes a seguir este camino y reconocer la legalidad del futuro mandatario. Consideramos que esta estrategia es más ideológica que lógica. La excusa esgrimida es que las elecciones tuvieron poca asistencia y que fueron realizadas mientras estaba en ejercicio un gobierno de facto.
En primer lugar, los comicios tuvieron un nivel de asistencia de más del 60%; lo cual es un porcentaje normal en Latinoamérica. Por otro lado, si bien hay una amplia discusión sobre la legalidad del actual Poder Ejecutivo y aún haciendo el supuesto de que no lo es, el segundo punto no parece un argumento válido, especialmente para un país como la Argentina. Cabe recordar que, en 1993, el Presidente Raúl Alfonsín fue elegido durante una dictadura militar. Si el resto del mundo hubiera planteado los mismos argumentos que nuestra actual Mandataria, no hubieran reconocido al gobierno que inició el camino democrático. Según esta línea argumental, para que los comicios de entonces hubieran sido legales, los militares debieron haber repuesto en el poder a la ex Presidente María Estela Martínez de Perón. Como esto no fue así, según nuestras autoridades en ejercicio, Alfonsín no hubiera sido un presidente legítimo y, por ende, cabe preguntarse si lo son todos los que luego lo siguieron hasta llegar a quienes hoy están en la Casa Rosada.
Lo anterior, solamente pretende demostrar el absurdo de la postura oficial argentina y colaborar a que, de la misma forma que otros nos dieron en su momento la posibilidad de reiniciar nuestra vida democrática, hoy actuemos de igual forma con el pueblo hondureño. Ellos son los principales perjudicados por la irresponsabilidad con la que actuó la dirigencia de su país, tanto el ex Presidente Zelaya como los que lo depusieron en forma ilegal. El 22 de julio, hicimos conocer nuestra opinión en un escrito (se reproduce abajo) en el que planteábamos esta realidad y recomendábamos abrir caminos para que Honduras vuelva a la institucionalidad. Lamentablemente, algunos parece que prefieren cerrarlos con la esperanza de poder, en el caos, hacer una ganancia política imponiendo sus ideas populistas.
LA DEMOCRACIA NO ES EL FIN, SINO LOS MEDIOS
Por el Lic. Aldo M. Abram, director ejecutivo del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina.
Frente a la polémica que han generado los hechos políticos acaecidos en Honduras, es bueno entender qué es lo que ha sucedido. A continuación una breve reseña que hemos tomado de un documento de RELIAL y que coincide con la información con la que contamos.
1. El entonces presidente Manuel Zelaya llamó, por Decreto Ejecutivo, a una consulta popular para el domingo 28 de junio, para consultar al pueblo hondureño su acuerdo en sumar en las próximas elecciones de noviembre una urna en la cual se vote sobre una convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este hecho generó dos violaciones a la Constitución hondureña por parte de Zelaya porque:
a. Sólo el Congreso de Honduras, de acuerdo a su majestad e investidura, puede llamar a referéndum, plebiscito, o cualquier consulta popular.
b. Sólo el Congreso hondureño puede convocar a una Asamblea Constituyente.
2. Frente a estas flagrantes violaciones de la Constitución – que Manuel Zelaya juró respetar desde el inicio de su mandato – el Poder Judicial de Honduras actuó de acuerdo a su mandato y fueros: el Juzgado de Letras del Contencioso Administrativo dictó sentencia, ordenando la suspensión del procedimiento de consulta por parte del Poder Ejecutivo.
3. Pero Manuel Zelaya no respetó esta sentencia. Por el contrario, desacatando deliberadamente la orden de la judicatura – cuyas decisiones se había comprometido a honrar como primer representante de su nación – ordenó a las Fuerzas Armadas hondureñas que le apoyasen en la logística de su suspendida consulta popular.
4. Las Fuerzas Armadas se negaron a prestar dicho apoyo, en estricto cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial y de una decisión de la Fiscalía General. Cabe recordar que las Fuerzas Armadas hondureñas están subordinadas al Presidente de la República, pero por sobre esa obediencia tienen el deber de defender la Constitución, tal como en dicha carta magna se consagra.
5. En respuesta a esta decisión, Manuel Zelaya removió de su cargo, sin motivación legalmente establecida, al Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ante este hecho, la Corte Suprema de Justicia restituyó en el cargo al Jefe de las Fuerzas Armadas. De esta manera, viendo que el entonces presidente no acataba la decisión del Poder Judicial de frenar la consulta popular, la Justicia hondureña dictó orden de captura al ciudadano Manuel Zelaya, a quien se le acusa de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y el Estado de Derecho y la Corte Suprema de Justicia instruyó a las Fuerzas Armadas a la captura del ciudadano Manuel Zelaya.”
También son de público conocimiento los hechos que después se sucedieron. Miembros del ejército entraron por la noche al dormitorio del Presidente Manuel Zelaya y lo llevaron capturado, para ponerlo en un avión y deportarlo a otro país. Luego, el Congreso de Honduras destituyó al Presidente y nombró a quien debía asumir el cargo siguiendo la línea sucesoria marcada por la Constitución. A partir de allí, tenemos a sus partidarios hondureños y a gran parte de los países del mundo reclamando por la restitución de Manuel Zelaya en su cargo y al Congreso, la Justicia, el actual gobierno y otro sector de la sociedad hondureña defendiendo la legalidad del proceso de cambio de Presidente.
Esta situación nos lleva a pensar en la pobre calidad institucional de la mayor parte de las naciones latinoamericanas. Si evaluamos lo que sucede en cada una de ellas, encontramos el mismo error de definición que metió en este problema a Honduras. En todos estos países, se entiende que la democracia es “el fin o los fines” y, en realidad, son “los medios”; ya que el fin es el respeto de los derechos de los ciudadanos y el límite al uso del poder que éste delega con su voto. Es decir, no es democrático un Presidente que, para sumar o mantenerse en el poder, intenta violentar la Constitución, pasar por encima de otros poderes del Estado y avasallar los derechos de la ciudadanía; aunque, en la región, ejemplos de estos nos sobren. Tampoco, es “democracia” raptar un Presidente y deportarlo a otro país. Lo que correspondía, en caso de demostrarse que quebró la ley, era la destitución de Mandatario, su detención y sometimiento a un juicio justo.
Tanto en el caso del Presidente Manuel Zelaya, como el de los que instrumentaron su destitución, “el fin justificó los medios”; lo cual es contradictorio con el concepto de democracia republicana. Lamentamos que el pueblo hondureño tenga que pagar por este mal accionar de sus dirigentes. También, creemos que todos deberíamos aprender que, difícilmente, el grado de calidad institucional y de respeto por la Constitución por parte de los políticos de un país sea mayor al nivel de responsabilidad cívica de sus habitantes, especialmente de su dirigencia empresaria, profesional e intelectual.
Además, nos preocupa la parcialidad a la hora de reclamar el cumplimiento de los principios que hacen a una democracia republicana. En Venezuela: a) se destituyen a los jueces que contradicen la voluntad del gobierno; b) se quita poder, a través de normas arbitrarias, a los políticos opositores que ganan alguna gobernación o alcaldía; c) al alcalde opositor de Caracas le crearon un órgano superior que depende del Presidente Chávez y que absorbió más del 90% de sus funciones (imaginemos qué opinaríamos si nuestro gobierno nacional hiciera esto en la Capital Federal); d) por tener líneas editoriales distintas a la opinión oficial, cerraron el canal de TV privado más visto y están por cerrar al que le sigue en audiencia, más centenares de radios y decenas diarios; e) se investigan por corrupción a todos los políticos opositores, que parecen ser los únicos presuntos corruptos en Venezuela; y, lamentablemente, la lista podría continuar. Aún así, el Presidente Chávez pretende liderar la lucha por la democracia en Latinoamérica, cuando lo único que pretende es cimentar su poder, sumando remedos de su régimen “bolivariano” en el resto de la región.
