Si pensamos ¨bien¨ y descartamos que los 340MMeuros del Presupuesto 2019 para importar los OPV de Francia encierra un negociado entre funcionarios y militares criollos y galos, podemos abocarnos a analizar las causas de lo que se llamaría un terrible ¨error bien intencionado¨.
Para esto debemos hacer una serie de reflexiones :
Por su historia (al menos hasta mediados de los 90), el candidato ¨natural¨ para construir estos barcos en el país sería el ARS, pero su crecientemente mala performance de las últimas décadas ha hecho que los sucesivos gobiernos -incluido el actual- no lo hayan considerado como una opción viable. En veinte años ha crecido la desconfianza sobre su cumplimiento contractual y no hay una garantía efectiva ya que cliente y proveedor es el mismo Estado.
La relación entre el gobierno y el ARS empeoró mucho más en el último año por razones aportadas por ambos, alejando aun más su consideración como parte de la solución OPV. El gobierno piensa que con ese contrato fortalecería al monstruo que intenta devorarlo y además esta seguro que no tendría los barcos en el plazo ni en el precio estipulado, convirtiéndose en rehén del ARS.
El segundo candidato natural sería el estatal CINAR con las instalaciones ideales y subutilizadas del astillero Storni y la gestión en mejoría de su vecino Tandanor. La falta de experiencia en construcciones, la mala relación con la Armada, la negativa de hacer crecer al estado industrial y el hecho de que también aquí faltaría un garante real, alejó esta opción como solución OPV.
El resto de la industria naval nacional privada es totalmente desconocida por los funcionarios nacionales y al analizar estos astilleros medianos separadamente no aparecería ninguno que por si sólo pueda ser candidato a dar la solución integral al proyecto OPV.
Un análisis superficial podría terminar aquí, concluyendo que los OPV deben importarse porque en Argentina ¨no se puede¨.
Para evitar esta conclusión falsa y simplista, al ser consultado en octubre 2016, presenté al equipo asesor presidencial de Jefatura de Gabinete ¨otra¨ solución nacional para el proyecto OPV. Esto solución virtuosa fue bien recibido por sus beneficios de empleo, recaudación, ahorro de divisas, financiamiento, garantías, impacto industrial futuro, etc., pero tenía algunos inconvenientes :
Requería por parte del gobierno un trabajo mucho más complejo y de fondo que la siempre sencilla solución de importación.
Tenía la firme oposición de la Armada que insistía que la solución francesa era la mejor, más segura, rápida, conveniente y ¨la única viable¨.
A las trabas mencionadas se sumó el hecho de que Francia aumentó fuertemente la presión diplomática para colocarnos sus malos y caros OPVs y éste fue un factor fundamental de intercambio en la mesa de negociación para obtener el voto francés que faltaba para asegurar la entrada del biodiesel argentino a la Comunidad Económica Europea.
Mientras tanto se aprobó la Ley de Industria Naval que prohíbe que el Estado importe barcos sin previa consulta al sector, lo cual no se hizo nunca.
Lo que tampoco se entiende es porque no hubo una licitación internacional.
Pensando ¨bien¨, este ¨error bien intencionado¨ evita la libre compulsa de ofertas, es ilegal y facilista, impidiendo desarrollar soluciones virtuosas con impacto futuro positivo. Además, el gobierno estaría decidiendo pagar más caros por peores barcos a cambio de que el vendedor en actitud mafiosa no nos trabe la venta de biodiesel a Europa.
