Será porque el saneamiento económico de un país, región, provincia, pueblo depende de la salud de la construcción de inmuebles, que a su vez son material de las inmobiliarias que cualquier operatoria que las afecte, incide en su evolución.
Es por ello que cualquier iniciativa que vulnere los derechos de propiedad, aunque sean puntuales o en algún rincón lejano del territorio argentino, es motivo de fina observación y sometido a un proceso de alerta general.
Las inmobiliarias no están indiferentes al inoportuno proyecto presentado en Tierra del Fuego, con pretensiones de convertirse en ley y avalado por senadores.
Proponen la intervención del estado en los negocios inmobiliarios, bajo la suposición que ello regulará el mercado de alquileres.
Es histórico que cada vez que el estado pretende regular actividades económicas el mercado se retrotrae y encuentra el modo de descomprimirse a su manera.
Ya desde la operatoria dólar, con que el estado intentó detener la supuesta fuga de divisas, que al ser medidas un poco desprolijas, asestó un golpe a las operaciones inmobiliarias en curso, ya que con una medida tan imprevista, no dio tiempo a acomodarse a nuevas alternativas de negocios a un sector tan sensible a los devaneos económicos.
Mientras el sector aún intenta alternativas para paliar el efecto, encontrándola en modelos de Fideicomisos al costo y en pesos, apareció una nueva traba, transferir a las inmobiliarias una actividad de orden policíaco, bajo la figura de sujeto obligado, para controlar ahora a sus clientes, haciéndose co-responsable del origen de los montos de inversión.
Aún ni se conocen los efectos de esta última exigencia, que aparece esta idea de declarar los bienes inmuebles como de necesidades básicas y derechos fundamentales de las personas, en vez de bienes de cambio, hecho que ataca directamente el derecho de la propiedad privada.
El proyecto, impulsado por la senadora María Rosa Díaz y el senador Osvaldo Ramón López, intenta, según sus dichos, equilibrar la distancia entre los costos de los alquileres y los sueldos de los probables inquilinos.
Entre otros detalles, incluye elevar el plazo mínimo de contratos de alquiler, establece límite de las comisiones de las inmobiliarias, e incluso establece la forma de pago de los mismos, prohibiendo además, las transacciones en moneda extranjera.
Asociado a este proyecto, propone la creación de 3 organismos burocráticos para llevar adelante el control, una Dirección de viviendas alquiladas, el Registro público de Contratos de Alquiler y el Registro Público de Inmuebles de Alquiler.
Si se aprobara la ley, implicaría además, retrotraer todos los alquileres en ejecución anterior para acogerse a la nueva norma.
La iniciativa, es peligrosamente parecida a una intervención del estado sobre bienes privados, es histórico que cuando ello ocurre, el mercado se deprime, los bienes se devalúan y se afecta negativamente la economía en general, siempre que se ha querido controlar el libre mercado con dietas operacionales, que además generan un estado de burocracia, los mercados pierden pié.
“Estamos en un modelo capitalista”, dijo la Presidenta en un discurso, tal vez es hora de enviar el discurso a Tierra del Fuego, donde estos dos senadores, del Frente para la Victoria, proponen leyes que son contrarias al modelo que ha elegido el pueblo.
Aunque se sabe que hay cientos de familias que carecen de vivienda, la solución no puede pasar por forzar a las inmobiliarias, y por su intermedio a los propietarios, a funcionar a pérdida.
Por alguna razón, el estado no parece deducir lo obvio: a pesar del control de la venta de divisa extranjera, no se ha disminuido los problemas del estado con la fuga de esta moneda, lo cual era previsible: la pérdida importante de la moneda no ocurre en el estadio social que pretende controlar con la venta de dólares; atacando la punta del ovillo, no logra controlar los efectos de la fuga.
De manera que insistir con esos controles no ha hecho más que deprimir las actividades que deprimen la economía: la construcción, las inversiones en bienes raíces.
Si hay una intención de que en vez de la inversión en inmuebles o compra de vivienda, la gente utilice los bancos, que a su vez reactivaría la economía y que a su vez permitiría los préstamos para inversiones inmobiliarias, la población ya dio su respuesta: prefiere tener el dinero en el colchón que confiársela a los Bancos.
La razón: mientras hubo gente que quedó en la completa miseria, por no decir gente enferma, abuelos con problemas, y decenas de problemas más graves por el desafortunado corralito del 2001, no hay ni un solo banquero siquiera con una multa de tránsito.
Es hora que el estado se plantee asumir sus propios errores, pero no a costa de los ciudadanos, con políticas de estilo policíaco, o de control que ya demostró que no son la fuente de los problemas, es hora de mirar más arriba y comenzar a dar señales de apoyo a las familias, crear algún instrumento que no ahogue a los mismos de siempre.
Hay otros instrumentos, leasing, créditos blandos, bartering, intercambios de servicios por bienes, desgravaciones impositivas para facilitar la construcción.
Los constantes cambios de reglas e ideas como las que se pretenden promover como ley que son una clara intervención sobre la propiedad privada sólo son propuestas que bajo el disfraz de populistas provocarán un mal peor para los mismos que se pretenden beneficiados.
Aplica la teoría del Caos, el aleteo de una ley en Tierra del Fuego, llevará tormenta al resto del país.
